David Sanromá-Sardá Vázquez, Socio de la firma C-S Abogados, especializada en derecho de los negocios y M&A, asesora con éxito a los promotores en un acuerdo con un Private Equity que supone un impulso al sector de las renovables, en concreto, del biometano.
La firma C-S Abogados y Economistas, despacho especializado en el derecho de los negocios con oficinas en Barcelona y Madrid, culmina un acuerdo entre un grupo promotor, Biogas Peninsular, y un Private Equity especializado en el sector de las energías renovables para el desarrollo de 64 plantas de biometano.
La operación, una combinación de capital y financiación de proyectos, se enmarca en el programa de los fondos de la Unión europea denominados InvestEU, un programa europeo de financiación en inversiones para infraestructuras sostenibles destinados a apoyar la transición ecológica en el marco de los planes de cada estado miembro para la recuperación y resiliencia.
El acuerdo, destinado a promover y construir un total de 64 plantas de biogás y biometano en España, se realiza dentro de un sector en pleno crecimiento que permite la valorización de residuos y sitúa al territorio un paso más cerca de la transición ecológica y la economía circular.
“El objetivo de este acuerdo es el desarrollo de tecnologías que permitan la generación de biometano a partir de un adecuado tratamiento de todo tipo de residuos, consiguiendo su valorización y práctica eliminación. Según el Instituto de Desarrollo y Ahorro Energético (IDAE), en la economía circular, el biogás desplaza materias primas de origen fósil y, por eso, tiene un papel relevante en la transición energética”, apunta Sanromá.
C-S Abogados ha desempeñado un papel fundamental en la gestión legal de la operación, abarcando aspectos mercantiles, societarios, y de contratación, brindando apoyo a los directivos y promotores del proyecto con quienes han colaborado estrechamente Sanromà y Francisco García Gómez de Mercado, especializados en corporate y energía.
El reto que sigue, comenta Sanromá, es avanzar con las evaluaciones ambientales y toda la tramitación administrativa de cada planta lo cual “nos llevará a distintos escenarios y plazos en cada territorio pese al indudable interés general de estas instalaciones”.
